Venezuela desde el año 2014 ha venido atravesando una profunda crisis que se revela en las distintas dimensiones que configuran las condiciones de vida. Frente a la opacidad de la información que ha acompañado este proceso, estudios recientes como el liderado por la UCAB a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)[1] o la información recopilada por la organización HUM Venezuela, plataforma independiente creada por actores de la sociedad civil sobre la emergencia humanitaria compleja en el país[2], muestran el agudo deterioro social y económico que ha venido experimentando la población en el transcurso de estos años, a los cuales se agrega un contingente importante de población que ha abandonado el país, compuesta fundamentalmente por jóvenes[3] que en su mayoría emigran buscando oportunidades laborales.
Recientemente, ante un incipiente dinamismo económico -estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto en el último semestre de 2021 y una proyección de crecimiento en 2022 de alrededor del 5% emanada de la CEPAL-, acompañado de una abundante propaganda oficial, se ha acuñado la frase “Venezuela se arregló” como si fuese posible en tan corto plazo revertir el profundo detrimento socioeconómico experimentado en estos años por la población venezolana. Si bien no se tienen datos a la mano de la coyuntura actual, en especial después de la crisis de movilización generada tanto por las medidas de confinamiento impuestas por el COVID-19 como por la escasez de combustibles (paradójicamente en un país con abundantes recursos petroleros), algunos datos nos permitirían cuestionar el importante optimismo que esa frase contiene.
La alimentación, un derecho humano básico, se ha visto especialmente afectada por esta crisis. Los indicadores de inseguridad alimentaria en los hogares se han acrecentado de manera alarmante y organismos como la FAO muestran un aumento exponencial de los indicadores de subnutrición y subalimentación. De manera similar, ENCOVI revela un aumento de la desnutrición infantil (en menores de 5 años) justamente en una etapa de vida en la que el consumo insuficiente e inadecuado de alimentos puede generar efectos irreversibles en el largo plazo[4]. Organizaciones como Cáritas de Venezuela disponen de indicadores aún más desfavorables, dado que el eje de su atención son precisamente las poblaciones más vulnerables.
El sistema de salud público se ha visto mermado de manera considerable. El seguimiento que realiza la organización Médicos por la Salud a través de la Encuesta Nacional de Hospitales[5] refleja el colapso de las capacidades de atención en salud, lo que ha contribuido a retrocesos en la sobrevivencia y especialmente, en aquellos indicadores más sensibles a los cambios tanto de las condiciones del sistema de salud como del entorno de vida de la población. En el caso de la mortalidad infantil, la tasa ha retrocedido en más de 30 años, con 25,7 fallecidos por mil nacidos vivos -nivel similar al período 1985-1990- indicativo de un alto componente de muertes evitables por causas prevenibles. Algo similar ocurre con el indicador de esperanza de vida, si se compara la proyección actualizada de la Oficina de las Naciones Unidas[6] el cual registra una disminución de alrededor de 3 años.
La cobertura escolar en el grupo de edad escolar (3 a 24 años) ha experimentado una merma considerable, pasando del 73% de la población en este subgrupo de edad en el año 2014 al 65% en el año 2021, notándose una mayor afectación en los niveles de preescolar y profesional. Por otra parte, 40% de la población joven (15 a 24 años) ni estudian ni trabajan (ENCOVI 2021). La exclusión educativa está asociada a la condición de pobreza y al clima educativo de los hogares, lo que refuerza las desigualdades presentes y las oportunidades futuras para la población de niños y jóvenes en mayor desventaja social.
El colapso de los servicios públicos afecta de manera transversal tanto las actividades económicas como la dotación de servicios sociales en general[7]. Los impactos de este colapso trascienden al mero hecho del incumplimiento del legítimo derecho a disfrutar continuamente de servicios de calidad. Su irregularidad y carencia obstaculiza o interrumpe el desenvolvimiento de las actividades económicas. En el área social, también se observan impactos negativos, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Hospitales revela cómo el déficit de servicios interfiere en la prestación de la atención médica hospitalaria; asimismo la ENCOVI, en ediciones previas a las medidas de confinamiento, muestra que la principal causa de la falta de asistencia regular a los centros educativos de la población matriculada, es precisamente la falta de agua.
La reducción de las tasas de participación laboral también ha sufrido una significativa disminución. La última ENCOVI reporta una importante reducción de la tasa de participación en el mercado laboral, equiparándose por primera vez en el país los porcentajes de población activa e inactiva -resultado nunca observado en el pasado, al menos desde que se llevan estadísticas laborales en Venezuela-. Si bien estas cifras en parte se explican por el impacto de la crisis de movilización en los años 2020 y 2021, ya desde 2018 la tasa de actividad laboral venía experimentando descensos entre otras causas, por la reducción de la demanda de empleo, la destrucción de oportunidades económicas y el alto costo de oportunidad que representa salir a trabajar en un mercado laboral marcado por las bajas remuneraciones (especialmente en el sector público que aglutina alrededor de 2,2 millones de ocupados).
Esta crisis -y algunas políticas públicas del gobierno- también ha profundizado tanto las desigualdades territoriales especialmente entre Caracas, las grandes ciudades y el resto del país, como socioeconómicas, de forma que no sólo se han acrecentado las cifras de pobreza (independientemente del método de medición) sino también las brechas y oportunidades para sortear las circunstancias adversas y aprovechar las favorables, dependiendo del lugar y la posición social que se tenga.
Finalmente en la propia arena económica, la reducción del tamaño de la economía ha sido muy considerable, representando para el 2020 poco menos de una cuarta parte del tamaño que tenía en el año 2013, por lo que las mejoras estimadas en el PIB en poco compensan el declive acumulado. Por otra parte, si bien el índice de inflación se ha moderado respecto al peor año -2017-, Venezuela mantiene una inflación persistente, que la ubica como el país con más inflación de la región con variaciones al alza mensuales que en muchos países de América Latina representan la inflación anual acumulada. Son innegables los efectos de estas condiciones económicas en los ingresos y en las vidas de las familias venezolanas. Hasta ahora, solo se ha dado un aumento importante del salario mínimo que resulta insuficiente dado el enorme rezago en los últimos años de su capacidad para cubrir las necesidades básicas, tal y como constitucionalmente está establecido, pero que además, no tiene mayores secuelas al menos para la mitad de los ocupados en Venezuela, quienes son autoempleados o trabajadores por cuenta propia.
De forma que, aunque es una buena noticia cierta recuperación económica, ésta ha venido marcada por una importante desigualdad y las mejoras desde el punto de vista económico y social no llegan a amplios sectores de la población. Es por ello que es difícil concluir que el país ha remontado la cuesta del agudo deterioro acumulado desde hace más de un lustro. La reversión de estas tendencias, particularmente en el área social, que someramente hemos revisado en este artículo, requiere de políticas sociales integrales, con interconexiones sectoriales y de largo plazo, que abandonen la lógica de “operativo” que ha caracterizado la política social. Urge que se reconozca la coexistencia de las distintas realidades que configuran el país, centrar la atención en los grupos más vulnerables y en la acuciante situación que vive una parte importante de los venezolanos.
[1] https://www.proyectoencovi.com/
[2] https://humvenezuela.com/
[3] De acuerdo a los registros de ENCOVI, alrededor de la mitad de quienes abandonaron el país se encuentra en el tramo de edad de 15-20 años y si ampliamos el espectro, el 90% se ubica entre los 15 y los 49 años de edad
[4] Estas mediciones fueron excluidas de la última edición de la ENCOVI dada la dificultad en el contexto de la epidemia de realizar las mediciones antropométricas
[5] https://www.encuestanacionaldehospitales.com/
[6] https://population.un.org/wpp/
[7] Un seguimiento de los servicios de agua, electricidad, aseo urbano, gas y telecomunicaciones desde el apagón de 2019 en la principales ciudades del país puede encontrarse en: http://www.observatoriovsp.org/
